Bogotá D.C., 19 de mayo de 2024 (ANI_Colombia). La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informa que, desde el 06 de septiembre de 2021, suscribió el contrato 002 con la concesión Autopistas del Caribe para el corredor de carga Cartagena-Barranquilla.
Tras 15 mesas de trabajo con comunidades, autoridades locales y órganos de control, en las que la ANI ha demostrado su voluntad e interés en el análisis de 6 escenarios propuestos, no ha sido posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto, por lo que este no cuenta con viabilidad financiera, considerando los motivos que se exponen a continuación:
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La concesión Autopistas del Caribe es una Iniciativa Privada, en la que el originador tiene la responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto. Este tiene una inversión para la construcción de $2,33 billones (CAPEX) y de $4,42 billones para la operación y mantenimiento (OPEX).
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Conforme a la Ley 1508 de 2012, la fuente de financiación del proyecto proviene en su totalidad, es decir, el 100 %, del recaudo de peajes, sin posibilidad legal de realizar aportes con recursos del Presupuesto General de la Nación.
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Como parte de la estructuración de este proyecto, el concesionario definió para su financiación una estructura tarifaria a partir del recaudo de 6 peajes existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y 1 peaje nuevo (Arroyo de Piedra), de los cuales, el peaje de Turbaco representa el 39 % del total del tránsito promedio diario (TDP) del proyecto y Arroyo de Piedra el 7 %, es decir, que entre los dos representan el 46 % del tráfico del corredor.
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Durante la ejecución del contrato, no ha sido posible implementar la estructura tarifaria sobre la cual se diseñó el proyecto, dado que:
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No ha sido posible implementar los incrementos contemplados en la estructura tarifaria, que incluyen aumentos hasta del 139,71% + IPC en la tarifa de peajes.
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Arroyo de Piedra: debía iniciar su operación en octubre de 2022, pero por situaciones de orden social se aplazó la construcción.
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Turbaco:
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Se levantó la talanquera el 01-12-2021 hasta el 03-04-2023 por oposición de la comunidad.
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Se reactivó el cobro el peaje del 03-04-2023 al 13-04-2023.
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Por situación de orden público, el Ministerio de Transporte suspendió el cobro del 14-04-2023 al 15-08-2023 mediante actos administrativos.
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Desde el 16-08-2023 se reactivó el cobro en categorías III, IV y V y se mantuvieron suspendidas las categorías I y II, esto por seis meses, prorrogados el 15-02-2024 por otros tres meses.
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Estas suspensiones expiraron el viernes 17 de mayo a las 11:59 p.m., sin que sea posible, desde la ANI, sugerir al Ministerio de Transporte la emisión de nuevos actos administrativos para modificar la estructura de financiación del proyecto que, como se ha informado en las mesas de participación, presenta dificultades financieras.
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Dado que no se ha alcanzado el recaudo requerido para la ejecución del proyecto, ha sido necesario compensar los recursos a través de una subcuenta especial, por un valor de $84.903 millones para suplir el recaudo de Turbaco, el diferencial tarifario y la no operación del peaje Arroyo de Piedra, quedando por pagar $70.744 millones y, adicionalmente, con una proyección de $95.917 millones que se causarían entre enero y octubre de 2024.
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El pasado 07 de mayo de 2024, la ANI recibió notificación que busca compensar al concesionario por la no operación y el recaudo del peaje de Turbaco, la no instalación del peaje Arroyo de Piedra y las afectaciones por la pandemia COVID-19.
Peajes, un componente fundamental para financiar las obras en Colombia
Acercar a las ciudades y al campo requiere de la existencia de amplios y suficientes corredores viales, que traducen beneficios para las comunidades y el territorio en materia de desarrollo económico, competitividad, productividad, integración regional, cultural, social y comercial.
Los peajes concesionados en Colombia, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), son un componente vital para el financiamiento de los proyectos carreteros, los cuales, desde el momento de su estructuración, su construcción, hasta su operación y mantenimiento, representan miles de millones de pesos.
No respetar el funcionamiento de los peajes podría generar costos altísimos para el Estado, esto teniendo en cuenta que los problemas de recaudo pueden dar pie a desequilibrios en los contratos y/o solicitudes de terminación anticipada de proyectos. Sin peajes no se logra garantizar la sostenibilidad financiera de los mismos.