• El mandatario llegó a la Plaza Son de Negro, Santa Lucía (Atlántico) a escuchar a las comunidades del municipio y de zonas aledañas al Canal del Dique.
• A este espacio de concertación también asistieron los ministros de Ambiente, Susana Muhamad, del Interior, Alfonso Prada, el Director de la UNGRD, Javier Pava, los gobernadores del Atlántico, Elsa Noguera, de Bolívar, Vicente Blel, representantes de la gobernación de Sucre, alcaldes de Santa Lucía, Suan, Campo De la Cruz, Sabanalarga, Repelón, Candelaria, congresistas de la región y líderes de las comunidades, entre otras autoridades.
• El proyecto del Canal del Dique debe garantizar justicia social. La suspensión de la adjudicación se ampliará hasta el 27 de septiembre de 2022.   

 

Santa Lucía, Atlántico, 8 de septiembre de 2022, (@MinTransporteCo). El presidente de la República Gustavo Petro Urrego, el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, y el presidente de la ANI, William Camargo Triana adelantaron un dialogo social en el municipio de Santa Lucía con el propósito de abrir un espacio de conversación y de conocimiento de las comunidades de la zona acerca del megaproyecto del Canal del Dique, cuando se aproxima una decisión por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura

Cerca de mil personas recibieron con inmensa alegria y entusiasmo al mandatario de los colombianos en la Plaza Son de Negro, en el municipio de Santa Lucía, departamento del Atlántico, para ser escuchados en relación con sus dudas, temores e inquietudes respecto a los alcances y a la ejecución de las obras que se adelantarían con la APP del Canal del Dique, así como para conocer los impactos que la realización o no de este proyecto tendría para las comunidades aledañas a las riberas del Magdalena que serían impactado por las obras del Canal, así como los cuestionamientos respecto al impacto ambiental en el canal.

A este espacio de concertación también asistieron los ministros de Ambiente, Susana Muhamad, del Interior, Alfonso Prada, el Director de la UNGRD, Javier Pava, los gobernadores del Atlántico, Elsa Noguera, de Bolívar, Vicente Blel, representantes de la Gobernación de Sucre, alcaldes de Santa Lucía, Suan, Campo De la Cruz, Sabanalarga, Repelón, Candelaria, congresistas de la región y líderes de las comunidades, entre otras autoridades.

La audiencia se inició con una presentación del Presidente de la ANI acerca de los antecedentes e implicaciones e impactos del proyecto, y luego intervinieron los voceros de las comunidades, quienes expresaron su interés en que el Presidente de la República apoye la iniciativa del Canal, pero que haga respetar sus derechos e intereses. Posteriormente intervino el Presidente de la República, quien manifestó: “Las comunidades son las verdaderas dueñas del territorio y tienen mucho que decir. Nosotros venimos a oír en primer lugar a las comunidades, a conocer sus preocupaciones, necesidades y pretensiones, dentro del marco de un dialogo directo, por tanto no debe esperarse una decisión mientras no termine este proceso de consultas y la revisión del componente ambiental, así como el análisis de las peticiones presentadas. Hemos visto las afugias del proyecto, y debe verse en prevención el proyecto hacia el mañana y en todos sus matices. Si nos queremos adaptar a la crisis climática, debemos hacer un mapa de riesgo de cada municipio y garantizar que haya reubicaciones permanentes de los habitantes que puedan ver amenazada su vida e integridad, al igual que como mecanismo para evitar peligro de inundaciones”.

Durante su intervención, el Presidente de la República fue enfático en asegurar: “Debemos construir justicia social en todo el Canal del Dique. La obra de ingeniería puede recuperar la inversión que hace el Estado a través de la valorización en los predios que se benefician de la obras. Este instrumento permite que el pago de la contribución se pueda hacer en dinero o en tierra, lo que posibilita una Reforma Agraria para beneficiar a los campesinos que han trabajado la tierra y no son propietarios”. Advirtió que el mecanismo de la valorización está previsto en la ley, y la aplicará para hacer efectiva la justicia social, y que contribuyan con su tierra o recursos quienes más extensiones de tierra tengan a titulo de propietarios, poseedores o tenedores. Esto cobijará a todos aquellos que se beneficien de las obras de este megaproyecto del canal del dique, aun quienes vivan en la Bahía de Cartagena.

Por su parte, el Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, y el presidente de la ANI, William Camargo Triana se refirieron a cinco puntos claves que se deben tener en cuenta en el marco de la ejecución del proyecto del Canal del Dique, a partir de lo afirmado por el Presidente de la Republica y los avances de los diálogos, consultas y desarrollos de las actividades con las comunidades éticas, como con el Ministerio de Ambiente y teniendo en cuenta las reglas del proceso contractual:

1. La decisión que se debía tomar el 12 de septiembre se aplaza para el 27 de septiembre de 2022, en orden a poder concluir los diálogos con las comunidades, así como con el Ministerio de Ambiente, que en todo caso continuará permanentemente abiertos en todo momento, aun a pesar de que se adjudique el proceso contractual, dado su carácter participativo;

2. Si bien el proyecto cuesta $3,25 billones, que se van a pagar con recursos de la Nación, parte de esos recursos se van a recuperar a través de la valorización para aquellas propiedades superiores a una cuantía por determinar y está contribución se definirá en recursos o en tierras y este será el componente de justicia social que se aplicará en este proyecto y en todos los proyectos de concesiones, lo que permitirá iniciar y construir la Reforma Agraria, y utilizar esos recursos en beneficio de las comunidades que puedan resultar afectadas por el desarrollo del proyecto;

3. Se hará un mapa de riesgos con ocasión de la ola invernal por parte de la Unidad Nacional del Riesgo, y en las zonas de más alto riesgo de afectación se procederá a realizar la reubicación de las comunidades hacia zonas seguras. Reubicación que no debe entenderse como un mecanismo para expropiar a los ciudadanos, ni como una forma de desplazamiento forzado; se tratará de un mecanismo preventivo y eventual, que sólo se utilizará en casos de situaciones extremas valoradas como tal por la Unidad Nacional del Riesgo de urgencia y gravedad de posibles afectaciones por el crecimiento del Río o de inundación que pueda comprometer la vida de los integrantes de estas comunidades;

4. Seguiremos dialogando, concertando con las comunidades ubicadas sobre la rivera del Canal del Dique, ya que el propósito es seguir escuchando qué quieren, qué necesitan, cuáles son sus prioridades y cómo evitar el mayor impacto de estas obras.

5. Vamos a establecer una veeduría en cabeza de las comunidades sobre los recursos de este proyecto, de manera que puedan realizar seguimiento a la ejecución del mismo para evitar hechos de corrupción, dilapidación, e indebida destinación de los recursos, así como para vigilar que se cumplan las cláusulas del contrato, en caso que el  día 27 de septiembre de 2022 haya adjudicación del mismo. Las comunidades ejercerán, en consecuencia, actividades de veeduría, que incluya igualmente la vigilancia en el cumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades durante las consultas previas y los diálogos establecidos a instancias de la ANI y los Ministerios del Transporte e Interior, así como las cláusulas que garantizan el derecho de los miembros de las comunidades ubicadas en las riberas del Magdalena asentadas en las zonas aledañas al Canal del Dique, a ser contratados en los porcentajes fijados en el contrato, garantizando así las medidas de retorno en beneficio de estas comunidades.

“De esta manera haremos justicia social, mitigaremos el impacto de la ola invernal y todos los efectos de este megaproyecto tan indispensable para este territorio, que viene reclamando desde décadas atrás, la adopción de medidas de mitigación en la zona del Canal para proteger y preservar los derechos de estas comunidades”, aseguró el ministro Reyes. Quien agregó que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene prevista importantes medidas de mitigación del riesgo de desastres para esta zona con ocasión de la ola invernal, que empezarán a aplicarse en forma inmediata.

 

Sobre el Canal del Dique:

 

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema.

De esta manera se hará un control de posibles inundaciones a lo largo del canal, permitiendo mantener un control activo sobre el mismo.

El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercanos a los $3,25 billones; distribuidos en $2,34 billones en obra CAPEX y $0.91 en operación y mantenimiento OPEX (Cifras en pesos constantes de diciembre de 2020).

Estas inversiones calculan la generación de 61.766 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, a lo largo de todas las etapas del proyecto.

La población beneficiada con esta obra está estimada en 1,5 millones de habitantes, en las poblaciones de ocho (8) municipios del departamento de Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suán); diez (10) municipios del departamento de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbaná); y un (1) municipio de Sucre (San Onofre).

“El Ministerio de Transporte está acelerando las obras de infraestructura para fortalecer la conectividad terrestre, fluvial, férrea y aérea de los colombianos a través del diálogo, el consenso y la concertación”.