- Durante la Comisión, realizada en el municipio de Santa Lucía (Atlántico), se abrió un espacio de diálogo con los líderes y representantes de las comunidades de las zonas aledañas al canal.
- La Comisión Accidental fue liderada por los Honorables congresistas, Dolcey Torres Romero, Coordinador de la Comisión en Cámara de Representantes y Pedro Flórez Porras, Coordinador de la Comisión en Senado.
- El Ministro de Transporte, la Gobernadora del Atlántico, el alcalde de Santa Lucía, el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Ministra de Ambiente, el Director de la UNGRD, el Director del Fondo de Adaptación y representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los Alcaldes de los municipios aledaños al Canal, así como la Directora de Consulta Previa del Ministerio del Interior escucharon las solicitudes y atendieron las inquietudes de la comunidad.
Santa Lucía, Atlántico, 26 de agosto de 2022, (@MinTransporteCo). El Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González y el Presidente de la ANI, William Camargo Triana, atendieron la convocatoria realizada por la Comisión Accidental del Canal del Dique integrada por los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado con el propósito de escuchar y dialogar con las diferentes comunidades que serán impactadas con el megaproyecto del Canal del Dique.
“Hoy están demostradas las razones del porqué desde que asumí el cargo de Ministro de Transporte se decidió suspender la decisión de la adjudicación de este proceso contractual, hasta que esta socialización que hoy se ha hecho se garantizara. Ha dicho nuestro Presidente Gustavo Petro Urrego que vamos a gobernar escuchando de cerca al pueblo y conociendo sus realidades. No se gobierna a la distancia; esa será la premisa de nuestro Gobierno del Cambio; será nuestro principio de gobierno el diálogo para acordar; acordar para cumplir y cumplir para transformar. Si queremos la paz, debemos construirla a partir del diálogo. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso porque la gente sienta que tiene incidencia en la elaboración de las políticas públicas, como en la toma de decisiones. No lo duden que dialogaremos con todos y todas sin excepciones ni exclusiones. Este es un gobierno de puertas abiertas para el diálogo y para resolver los problemas del país. Hoy se reafirma que en el Gobierno del Presidente Gustavo Petro vamos a gobernar escuchando las necesidades del pueblo de cerca y conociendo sus realidades. Vamos a estar donde están los excluidas y las excluidas de gobiernos anteriores. No se gobierna a la distancia, construiremos a partir del diálogo y la concertación”. Este megaproyecto del Canal del Dique es fundamental para el Rio y para quienes habitan en sus riberas, pero hay que hacerla a partir del consenso y del diálogo, de manera que todos se sientan incluidos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso, queremos que la gente se sienta incluida en la creación de la nueva Colombia. Este Gobierno es un gobierno de puertas abiertas y bienvenido lo que hicieron los congresistas de abrir las puertas para escucharlos a todos, porque el diálogo es el eje transformador de nuestra Patria y vamos a empoderar a la comunidad, vamos a escucharlos de cerca entendiendo lo que se necesita para sacar adelante este proyecto y serán parte fundamental de su ejecución”, afirmó el Ministro de Transporte Guillermo Francisco Reyes González.
De igual manera, el líder de la cartera expresó: “Vamos a solicitarle al Director de Cormagdalena que adopte inmediatamente todas las medidas de dragado necesarias para mejorar la navegabilidad de la zona, pero también para evitar las inundaciones. El municipio de Santa Lucía debe seguir con la construcción del muro de contención como medida preventiva”. Y agregó que el Ministerio y la ANI adquirían ante la comunidad y la Comisión Accidental del Congreso, los siguientes compromisos: primero, “vamos a continuar este diálogo directo y virtual con todas las comunidades, en especial las de afrodescendientes, en una audiencia que mañana mismo instalaremos, que será continua, permanente y transparente”. Segundo, agregó que “vamos a realizar una campaña masiva de socialización de los alcances, contenido y beneficios del Megaproyecto, para que todos conozcan su trascendencia. Para eso utilizaremos todas los equipos, funcionarios y mecanismos que hacen parte del sector transporte, así como las redes y los medios virtuales, como la prensa y los megáfonos. Vamos a activar la atención a los puntos críticos que preocupan a la comunidad y a las autoridades, lo que implica que los ciudadanos puedan priorizar en las Mesas de socialización, dichos puntos, incluyendo en esta tarea a los Alcaldes de los Municipios de la zona de influencia del Canal del Dique”.
Concluyó el Ministro Reyes Gonzalez, que “Vamos a construir a partir de consensos, del diálogo y la concertación. Que no se diga en los titulares de prensa, que aquí predominaron la controversia y los conflictos, cuando lo que impero fue un dialogo abierto, respetuoso y constructivo”.
A este importante espacio de socialización asistieron también la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el alcalde de Santa Lucía, Rehunsen Martínez; el director de UNGRD, Javier Pava; la Directora de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Yolanda Pinto; la Procuradora Regional de Instrucción Atlántico, Margarita Rosa de la Hoz Jure; la Contralora regional del Atlántico, Katia Molina y representantes de la Defensoría del Pueblo.
Durante este espacio de diálogo los representantes de las veedurías, líderes de las comunidades y autoridades locales presentaron sus inquietudes. Cerca de 40 actores de la región fueron escuchados por el Ministro Guillermo Francisco Reyes González y el equipo técnico de la ANI, encabezados por su Presidente William Camargo.
“Las obras se necesitan y de manera urgente para mitigar los riesgos del desbordamiento del Dique. Existen evidencias que se hicieron procesos de participación y que se desarrollaron consultas previas, lo que no significa que no se requieran exigibles jornadas de participación adicionales, haremos las que requieran con la comunidad, las autoridades locales y se divulgará la información que sea necesaria del proyecto por todos los canales de comunicación por parte de la concesión que asuma la ejecución. Los temas de licenciamiento ambiental están dentro de la obligación contractual y acogeremos las directrices que establezca la autoridad nacional y si se requieren consultas previas adicionales, es nuestra obligación acometer las mismas. Es necesario precisar que tenemos un caudal de conocimientos y estudios hechos con las comunidades. Y en el desarrollo del proyecto se tienen 18 meses para la fase pre operativa, la revisión, ajuste y diseño de las obras y en este espacio desarrollar procesos para acceder a permisos y licencias ambientales correspondientes. Entre más tarde el proceso de reactivación de la adjudicación y ejecución de las obras, hay mayor posibilidad de que las medidas de mitigación y recuperación del canal se demoren”, manifestó el Presidente de la ANI, William Camargo Triana.
Además, indicó que “Nuestro compromiso que hoy adquirimos con el Congreso y la comunidad, será desarrollar todas las acciones que garanticen procesos de participación plurales y acatamiento de exigencias ambientales que establezcan para el proyecto. Desde la ANI estamos comprometidos con ejecutar el proyecto, socializar, recibir inquietudes y atender las medidas de mitigación de manera prioritaria. Nuestra misión es seguir el cronograma previsto y garantizar que en el proyecto que busca solución integral se pueda materializar, atendiendo las solicitudes y requerimientos que establezcan las autoridades ambientales. El compromiso de este gobierno y del presidente Gustavo Petro es con el pueblo, porque este es el gobierno del pueblo y es a quienes nos debemos”.
En este mismo escenario el equipo de gobierno atendió las diferentes solicitudes e interrogantes de la comunidad, entendiendo la importancia que tiene la ejecución de las obras para evitar que se presenten tragedias como la ocasionada con el desbordamiento del Dique, en el 2010, y que dejó más de 170 mil damnificados en la zona.
“Sí se pudo, logramos escucharnos todos en el mismo escenario. Hoy el Congreso generó un espacio fundamental de diálogo. Es importante aprender del proceso de inundación del Canal del Dique en 2010-2011, esta vez debemos empezar a examinar la situación del agua y este proyecto puede ser una oportunidad si se concibe bien, si vemos la realidad del agua en esta región. El instrumento ambiental actual no es el adecuado para este proyecto, porque tiene una dimensión compleja con la dimensión del agua, que tiene una dimensión social importante y debemos garantizar la supervivencia de las comunidades. Se incluirá el licenciamiento ambiental en este proyecto y eso significa que se hace un estudio de impacto ambiental en toda la región con líneas bases sólidas y conocimiento territorial y social de las comunidades, esto es lo responsable para hacer viable el proyecto. El proyecto, según lo que escuchamos hoy, es muy importante entendiendo los impactos sociales, ambientales y económicos”, señaló la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
Concluyó la Comisión Accidental su sesión aprobando la siguiente proposición: “que el gobierno nacional a través de los Ministerios de Transporte, Ambiente, Agricultura e Interior, así como la ANI, la Unidad de Riesgos, el IDEAM y Cormagdalena elaboren un plan de choque que pueda mitigar los efectos de la ola invernal, elaborando obras de infraestructura, proyectos productivos encaminados a atender las comunidades de los municipios ubicados en las orillas del Canal del Dique. Se destaquen funcionarios de los distintos órganos del Gobierno Nacional al PNU y se destinen recursos para atender la situación de la comunidad”.
Sobre el Canal del Dique
El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.
La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema.
De esta manera se hará un control de posibles inundaciones a lo largo del canal, permitiendo mantener un control activo sobre el mismo.
El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercanos a los $3,25 billones; distribuidos en $2,34 billones en obra CAPEX y $0.91 en operación y mantenimiento OPEX (Cifras en pesos constantes de diciembre de 2020). Estas inversiones calculan la generación de 61.766 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, a lo largo de todas las etapas del proyecto.
La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1,5 millones de habitantes, en las poblaciones de ocho (8) municipios del departamento de Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez (10) municipios del departamento de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un (1) municipio de Sucre (San Onofre).