• Luego de dos días de audiencia pública, el Alto Tribunal ordenó la inclusión de un protocolo arqueológico-forense para la búsqueda de personas desaparecidas en la zona.
• La diligencia judicial contó con la presencia de víctimas del conflicto armado en la zona, comunidades de la ecorregión y altos funcionarios de entidades nacionales.
• El proyecto Canal del Dique estima inversiones por $3.25 billones y busca ejecutar obras para restaurar los sistemas degradados a lo largo de 115,5 km entre Calamar y la bahía de Cartagena.

Cartagena, Bolívar, octubre 21 de 2022. (@ANI_Colombia). La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, tras dos días de audiencia pública en Cartagena, ordenó medidas de protección concretas frente a las eventuales obras a realizar en el Canal del Dique que, además de garantizar el derecho y la participación de las víctimas, no afectan el cronograma en la ejecución del macroproyecto.

En ese sentido, el Alto Tribunal ordenó el diseño, redacción e inclusión de un protocolo arqueológico-forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con enfoque diferencial étnico y de género, proceso que debe contar con la asesoría de las autoridades competentes.

“El país se construye con el diálogo y la tolerancia. Estamos abiertos a trabajar juntos para construir el proyecto Canal del Dique de una manera consensuada que permita la búsqueda de las personas desaparecidas, pero también para resarcir tanto dolor a las comunidades. Este el Gobierno del Cambio, quiere que Colombia sea potencia mundial de la vida, de ahí la disposición total del presidente Gustavo Petro de acatar en su integridad los lineamientos de la JEP”, dijo Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.

Tras la diligencia judicial, que se caracterizó por presentar en el teatro Adolfo Mejía del Centro Histórico danzas y cantos conmemorativos como parte del proceso de sanación y escucha de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los altos magistrados dieron instrucción de conformar una mesa técnica que contará con la asesoría de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Procuraduría Delegada ante la JEP. Igualmente, se ordenó que el protocolo no solo tenga en cuenta el hallazgo fortuito de cuerpos, sino que garantice la búsqueda, exhumación y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas.

“Trabajaremos en un protocolo que involucre a entidades del orden nacional. De esta manera tendremos una metodología que, además de contar con el acompañamiento de las víctimas, buscará el restablecimiento de derechos y la garantía de un proyecto inclusivo”, explicó William Camargo Triana, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.

Otra orden impartida por la JEP es que, para futuras obras y proyectos en Colombia, el Ministerio de Transporte construya junto con otras entidades del estado, un documento de lineamientos para protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto.  El propósito es garantizar la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas. La ANI tendrá a su cargo la secretaría técnica.

Para Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la audiencia y magistrado de la JEP, “adoptamos medidas preventivas concretas respecto de las obras de infraestructura que se planeen, diseñen o pongan en marcha. De ahí que las medidas cautelares busquen la protección de los derechos fundamentales”.

Dentro de las decisiones, la JEP instó que la mesa interinstitucional de articulación debe estar conformada por las siguientes entidades: Ministerio de Transporte, ANI, Cormagdalena, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También, se convocará a la Dirección de Asuntos indígenas ROM y Minorías, Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Unidad de Consultas Previas del Ministerio del Interior y el acompañamiento de la Procuraduría Delegada ante la JEP.

Tras esta audiencia pública, la ANI está a la espera de que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencia presentado entre los Juzgados Sexto Administrativo de Cartagena (Bolívar) y Tercero Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre), en relación con el conocimiento de la acción de tutela 2022-00289 instaurada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo, proceso dentro del cual se decretó la medida de suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación del proyecto.

Una vez la Corte Constitucional se pronuncie frente al conflicto de competencia, el juzgado que corresponda deberá resolver sobre el desistimiento de la tutela que formuló la comunidad de Los Olivos de Hato Viejo y de la medida de suspensión decretada provisionalmente al admitirse la tutela.

Sobre el proyecto

El proyecto del Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 km que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

La ejecución de las obras incluye un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema. De esta manera se mitigará el riesgo ante posibles inundaciones a lo largo del canal.

El proyecto tiene previsto inversiones por $3,25 billones, distribuidos en $2,34 en obra y $0.91 en operación y mantenimiento. Dichas inversiones calculan la generación de 61.766 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

Se estima que la población beneficiada con la obra será de 1,5 millones de habitantes en ocho municipios del departamento de Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan), diez municipios del departamento de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana) y un municipio de Sucre (San Onofre).